Carta del Presidente

Francisco José Lloreda Mera -  Presidente Ejecutivo

Preocupación e incertidumbre


Termina 2014 con un panorama incierto para la industria de hidrocarburos. La caída en los precios del petróleo, los desafíos en materia operativa y la reforma tributaria, son una mezcla de factores negativos que dificultan, en principio, ser optimistas frente al 2015.

De cómo evolucionen cada uno de estos factores, dependerá que el escenario sea mejor al previsto o aún más desolador. Sobre los factores externos es poco lo que se puede hacer; sobre los internos hay opciones que deben abordarse.

El desplome abrupto en los precios del petróleo golpea no solo a las empresas, sino al país entero. En el caso de la industria, las compañías ya empiezan a hacer ajustes en sus estructuras de gastos y a ser aún más selectivas en las inversiones. Es natural que así sea, no solo en Colombia sino en el mundo. Es previsible también, que inviertan más en producción que en exploración, dada la necesidad de contar con “caja” para sortear los tiempos difíciles, cuya duración es incierta.

En el caso del país, mientras más se prolonguen los precios bajos, mayor será el impacto fiscal. Por cada dólar que caiga el precio de manera sostenida durante un año, descontada la devaluación, el hueco fiscal será de $300,000 millones. En 2015 el golpe no será tan duro pues se promedian los precios del año, pero sería alrededor de 2 billones de pesos. En 2016 el impacto será considerable: entre 8 y 11 billones de pesos. Dependerá de lo que ocurra con el precio en 2015 y en adelante.

Es difícil saber a ciencia cierta qué ocurrirá con el precio. Si caerá más, en qué valor se estabilizará y por cuanto tiempo, y qué tanta volatilidad tendrá. ¿Se situará por encima o por debajo de los US$ 70 el barril? Lo que parece claro, dado el anuncio de la OPEP de observar el mercado y volverse a reunir a mediados de 2015, es que debemos preveer por lo menos entre seis y ocho meses de precios comparativamente bajos, con sus incrementos y descensos.

El factor precio, como es sabido, resulta fundamental para la industria. Más cuando la mayoría de proyectos son especialmente sensibles al mismo. Pero es una situación que impacta de manera similar a todos los países. Es ahí donde entran a jugar otros factores como la prospectividad y los obstáculos internos, que inciden claramente en la competitividad. En nuestro caso, la operatividad y el régimen fiscal.

Son cuatro los factores que hacen difícil y costoso operar en Colombia: la seguridad en las operaciones y en el transporte de hidrocarburos; la mal llamada conflictividad social expresada de manera creciente en vías de hecho; problemas relacionados con infraestructura y sus costos; y las demoras exageradas en consultas previas, permisos y licenciamiento ambiental. Estos, entre otros factores, se han convertido en un obstáculo creciente para la ejecución de los proyectos.

El Gobierno Nacional es consciente del impacto negativo de estos factores sobre la industria. Es así que se han tomado medidas para mejorar la seguridad y similar ocurre en materia de licencias, en el que siendo optimistas, hay razones para esperar una mejoría. No sucede igual con los bloqueos, algunos convertidos en verdaderas mafias, donde a la par con una presencia integral del Estado, se requiere aplicar la ley con rigor y judicializar a quienes han convertido el chantaje en profesión.

Es innegable el esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para apoyar a la industria y permitirle operar. Empieza a darse una “alineación de planetas” a partir de una coincidencia de intereses público-privados. No obstante, en algunos casos se requiere, además de decisiones, cerciorarse de que éstas se ejecuten. Un desafío, dadas las dificultades propias del sector público al momento de implementar. De ahí el escepticismo que a veces acompaña a la indusrtria y que se espera superar.

El tercer factor generador de incertidumbre es el régimen fiscal. El propósito del Gobierno no es, claramente, golpear a la industria, pero lo hace y de manera despropocionada. Al momento de elaborar este editorial no es claro si el Ministerio de Hacienda habrá finalmente acogido algunas propuestas de este gremio para atenuar el impacto de la Reforma, porque la industria terminaría pagando más del 20 por ciento de la misma; sería gravada de una manera excesiva.

La Reforma es particularmente lesiva dadas las características de la industria. El impuesto a la riqueza golpea de manera significativa a las empresas al gravar activos en período improductivo. El incremento en las tarifas del CREE afecta de manera grave a la industria dada su dificultad de descontar parafiscales y salud de sus empleados, lo que ocurre con otros sectores de la economía. Y el GMF (Gravamen a los movimientos financieros) impacta a todos, pero de manera especial, e inequitativa, a los distribuidores mayoristas.
Cada sector económico se impactará de manera distinta. Pero en el caso del de hidrocarburos el golpe tiene una consecuencia adicional, que es muy seria: impacta la competitividad del país frente a una región que se esmera por ser cada día más competitiva, y que ya empieza a tomar medidas para proteger a la industria en momentos de crisis. Mientras otros países abren sus puertas a la industria, la conjunción de factores en Colombia no permite ver un panorama claro.

Lo anterior tiene además, un efecto nocivo sobre la producción y las reservas en hidrocarburos. De pasar la reforma tributaria como está planteada, la industría pagará $2,6 billones al año en impuestos; equivalente al costo de la campaña exploratoria de un año (!). Es decir, impactará, sin duda alguna, la actividad exploratoria, cuando el país más la necesita, y debería estarla duplicando. Y va a afectar la producción, pues recursos destinados a esta actividad se irán en pago de más impuestos.

De ahí el llamado que la industria le ha hecho al Gobierno, al Congreso, y al país entero. Gravar aún mas a la industria, en momentos en los que operar es dificil y costoso, y los precios son bajos, resulta no solo inexplicable, sino un error estratégico mayúsculo. Al paso que vamos, y dada esta combinación negativa, no solo se impactará a la industria sino que se estaría sembrando la semilla de una crisis fiscal sin precedentes. El remedio fiscal terminaría siendo peor que la enfermedad.

DESTACADOS
El marco presupuestal de 2015 se construyó sobre la base de un precio por barril de $97 dólares. Si el promedio de cierre de 2014 es $ 90 dólares, los $7 de diferencia, multiplicados por $300,000 millones, son $2.1 billones de pesos. Si en 2015 el precio promedio es de $70 dólares el barril, el hueco fiscal sería de $8.1 billones de pesos; y si es $65 dólares, $9.6 billones. Si es de $60 dólares, $11.1 billones.


De ahí el llamado que la industria le ha hecho al Gobierno, al Congreso y al país entero. Gravar aún mas a la industria, en momentos en los que operar es dificil y costoso, y los precios son bajos, resulta no solo inexplicable, sino un error estratégico mayúsculo.

 

Francisco José Lloreda Mera

Presidente Ejecutivo